Otro ataque más al derecho de defensa

En el día de hoy, enmarcada dentro de esa vorágine que últimamente les ha entrado a nuestros gobernantes por tratar de "arreglar" la Justicia a golpe de modificaciones procesales tendentes a la "simplificación de trámites y la eliminación de aquellos que resulten innecesarios" (sic), se ha publicado en el BOE la Ley 4/2011, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía en la cual, aprovechando que "el Pisuerga pasa por Valladolid" (incorporación a la normativa española del Proceso Monitorio Europeo y del Proceso Europeo de Escasa Cuantía), y sin que hubiera ninguna necesidad, se ha elevado en el proceso verbal la cuantía para cuya reclamación no sea obligatoria la intervención de abogado y procurador, que pasa de 900 a 2.000 euros.


En la Exposición de Motivos de dicha Ley se dice que la trasposición a la normativa española sólo obligaba a regular lo referente a litigios transfronterizos, pero que se ha decidido modificar también la normativa propia de los litigios nacionales contenida en la LEC "por resultar más ventajosas (las normas europeas)". ¿Ventajosas, para quién?


En definitiva, para tratar de subsanar los males de nuestra Administración de Justicia ¿Se aumentan dotaciones de jueces y funcionarios? ¿Se acuerdan medidas para la mejora de los medios tecnológicos? NO. Parece ser que la Justicia se arregla más rápido y de forma más efectiva eliminando de un plumazo la intervención en los procedimientos judiciales de aquellos que molestamos, enrredamos e incordiamos con escritos, recursos, etc.: LOS ABOGADOS (esos enemigos de la eficacia y de la agilidad judicial...). Eso sí, que todo el mundo esté tranquilo. Habrá unos maravillosos formularios en todos los juzgados para que los ciudadanos se puedan preparar tranquilamente en casa con ayuda de internet y de algún que otro primo listo con vasta experiencia litigante sus demandas de reclamación de cantidad, acción negatoria de servidumbre, reclamación de daños y perjuicios, o lo que se tercie de cuantía inferior a 2.000 euros...

Hace unos meses fue la introducción del depósito previo para recurrir. Ahora esta Ley. Pasado mañana la eliminación de las apelaciones civiles para asuntos de cuantía inferior a 6.000 euros, la elevación de la cuantía para apelaciones contencioso-administrativas de 18.000 a 35.000 euros, la introducción del criterio del vencimiento en materia de costas en el ámbito contencioso-administrativo y la práctica imposibilidad de acceso a la casación limitándolo a asuntos con cuantía superior a ¡¡800.000 euros!! (la Justicia sólo para ricos). La semana siguiente... ¿Quién lo sabe?...

Todo ello unido a las amenazas de privatización de la justicia gratuita por parte de varias Comunidades Autónomas con la impasibilidad del Ministerio de Justicia, parece indicar que estamos inmersos en un proceso casi irreversible de derribo controlado del Derecho de Defensa y de paulatino vaciamiento de contenido del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE, ahora arrumbado por un nuevo axioma político-jurídico de lógica aplastante: a menos pleitos que entren en los juzgados y menos recursos que se interpongan ante Audiencias Provinciales, TSJ y Tribunal Supremo, mejores estadísticas judiciales y así podremos "vender la moto" a la ciudadanía de que "la justicia mejora". ¿Para qué aumentar la planta judicial y las dotaciones personales y materiales -con todo el gasto que ello supondría- si a través de simples modificaciones legales a golpe de BOE podemos arreglar la Justicia en tres días...?

¡Ah! y que nadie se equivoque. Las víctimas de todo esto, no somos los profesionales: son los justiciables, que a nadie se le olvide. Esto no es un arrebato corporativo y gremial. Al contrario. Si los abogados no estamos, como siempre hemos estado, para alzar la voz por la JUSTICIA con mayúsculas y para defender los derechos de aquellos a quienes nadie defiende, ¿Quién lo va a estar?