Aun con retraso, no puede resistirme a efectuar un breve comentario, al hilo de la noticia aparecida en el diario "La Razón" el pasado domingo 9 de octubre de 2011, con el siguiente titular "La APM plantea el copago para acceder a la Justicia".
La APM no es otra que la Asociación Profesional de la Magistratura, asociación mayoritaria dentro de la Judicatura, y ni que decir tiene que, con la medida que proponen, no se persigue ese ideal de justicia, esencia de un verdadero estado de derecho, todo lo contrario. Lo que se persigue es poner barreras y obstáculos, más aún de los ya existentes, al acceso por parte de los ciudadanos, al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. En suma que el ciudadano litigue menos, porque es muy pejiguero y lo único que hace es llenar los juzgados de reclamaciones infundadas.
Lo que callan es que a los grandes usuarios de la Justicia, (por ser los que mas numerosamente aparecen en los pleitos, bien como demandantes, bien como demandados), como las grandes Corporaciones y Multinacionales (entidades financieras, de telecomunicaciones, etc...) o a las Administraciones Públicas no les afectaría en absoluto este copago, perfectamente asumible por sus economías.
Es más, incluso plantean que parte lo que se recaude vaya destinado a retribuir a los Jueces, a modo de sobresueldo.
En suma, en mi opinión, se trata de restringir la Justicia a los"ciudadanos .... de bien" (los de siempre, los poderosos); los súbditos y siervos de la gleba no alcanzan esa categoría. ¿Por qué será que me suena? ¿Porqué será que la historia se repite? ¿Estamos de acuerdo con estos planteamientos? ¿Debe la Abogacía, como colectivo, salir al paso de estas ideas regresivas, con un tufillo patrimonialista y corporativista? ¿O debe callar, y agachar la testuz, como siempre?
No obstante se admiten opiniones.
EL COPAGO Y LA INCOMPENTENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
ResponderEliminarRealmente es indígnate que este colectivo de iluminados de la Asociación Profesional de la Magistratura se permitan sugerir el copago para evitar el colapso de la Administración de Justicia cuando son ellos parte de los causantes del problema.
En primer lugar decirles, porque al parecer no lo saben, que el copago ya existe. Si, cuando se recurre hay que pagar cincuenta euros.
En segundo lugar, que son ellos junto con la propia Administración del Estado los mayores causantes de esta sobre carga de asuntos en la Administración de Justicia. La Administración del Estado, porque tiene orden de recurrir todas las sentencias, simplemente para dilatar los asuntos, aunque ya existan resoluciones en contra sobre el mismo asunto.
En tercer lugar, los propios Magistrados y Jueces, por la disparidad de criterios a la hora de dictar sentencias sobre un mismo asunto. Tenemos que cada Audiencia Provincial dicta sentencias dispares sobre el mismo asunto, incluso entre Secciones de una misma Audiencia Provincial. Pero es más, un mismo Magistrado de Primera Instancia dicta sentencia contradiciéndose el mismo.
En fin, que esto parece una jaula de grillos, con criterios más personales que objetivos, incluso, en muchas ocasiones sin respetar la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo. Esto hace que, no solo se recurra al ver otras sentencias en sentido contrario, sino que se tenga que pedir al Tribunal Supremo que dicte sentencias para unificar criterios. ¿Quien asume ese costo? Pues el ciudadano, que paga al letrado (que no es gratis) y el depósito reglamentario.
¿Cómo se evita esto? Por un lado, la Administración del Estado no recurriendo aquello donde existe ya un pronunicamiento reiterado y por otro lado, en cuando a los Magistrados, de forma que cuando exista una sentencia en un sentido sea de la Audiencia Provincial que sea, el Magistrado esté obligado a sentenciar en el mismo sentido y si éste considera que no se adecua a Derecho, que sea el propio Magistrado el que eleve al Tribunal Supremo sus argumentos, pero no el ciudadano. Seguro que se lo agradeceremos mucho los ciudadanos, porque nos evitaría los gastos de letrado y de paso no existiría tal cúmulo de recursos que ahora se originan, más que nada por la incompetencia de este colectivo que pretende imponer criterios propios de una dictadura para que tan solo sean unos privilegiados los que se puede permitir el lujo de recurrir sentencias que a todas luces no se ajustan a Derecho máxime cuando existen sentencias de otras Magistraturas o Audiencias donde se han pronunciado en sentido contrario. Ya está bien, que a este colectivo de funcionarios privilegiados nadie les diga lo mal que hace las cosas.