Manual de supervivencia frente a la Ley de Tasas

Una vez aprobada y publicada la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia etc., también conocida popularmente como "el tasazo gallardoniano" o "ley garantizadora de la tutela judicial en efectivo", y también la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, etc, comienza el tiempo de los juristas o jurisconsultos quienes, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, son aquellas personas dedicadas al "estudio, interpretación y aplicación del derecho". 

Dicha labor hermeneutica resulta de capital importancia casi siempre dada la habitual mediocridad de nuestros textos legislativos, pero se convierte en imprescindible cuando al legislador le da -como en este caso- por parir engendros jurídicos prematuros sin respetar el necesario proceso de gestación, reflexión y debate que cualquier ley merece, descuidando en muchos aspectos la más elemental técnica jurídica legislativa. Engendro o "criatura informe que nace sin la proporción debida" (nuevamente según la RAE) que viene a atacar violenta e innecesariamente las estructuras de un servicio público esencial: la Administración de Justicia, transportándonos atrás cincuentra y tres años, hasta la antigua ley de tasas de 1959, en un desgraciado viaje a través de las cavernas del tiempo.

En defensa de la Justicia

Que una cosa quede clara respecto a las concentraciones y protestas conjuntas de abogados, fiscales, jueces, secretarios, algunos procuradores a título personal y organizaciones ciudadanas (sindicatos, consumidores, etc.) que se están desarrollando las últimas semanas en defensa de la JUSTICIA (con mayúsculas). No se trata de ideología (derechas o izquierdas) -los concentrados pertenecen a todo el espectro ideológico-, ni de simple oposición partidista, ni de meros intereses corporativos.... No Sr. Ministro, no se confunda ni trate de confundir a la Opinión Pública.

Prueba preventiva de ADN

Como ha tenido ocasión de comprobar alguno de los asiduos participantes en el blog, hay una nueva práctica de la Policía Nacional en la toma de declaraciones a los detenidos en las dependencias de la Comisaría. Antes de proceder a la declaración, cuando llega el letrado que va a asistir a la misma, entregan en presencia de éste un papel al detenido en el que consta que se somete voluntariamente a una recogida de muestras para obetener y archivar su ADN. En el papel consta que se hace a efectos identificativos, pero no tiene relación con el caso por el que está detenido, sino que es una actuación sistemática, para crear una base de datos. No se le explica al detenido verbalmente qué es lo que va a firmar, por qué, y sobre todo, que se trata de un consentimiento LIBRE Y VOLUNTARIO, es decir, que se puede negar a ello si quiere. Simplemente se le entrega el papel y se le dice "firma aquí" y luego se le toma una muestra de saliva. En el papel consta también según la legislación sobre protección de datos tiene derecho a cancelarlos y ante qué organismo, pero NO SE LE ENTREGA COPIA DE LO FIRMADO ni por lo tanto de la dirección de cancelación. Lo mejor es que hay un apartado destinado a la FIRMA DEL LETRADO ASISTENTE, para garantizar que el consentimiento es libre, voluntario, informado, etc. Por experiencia puedo decir que si dices algo tipo "le informo de que no tiene Vd. obligación de someterse a esta prueba y derecho a que se le entregue copia y a cancelar posteriormente sus datos si los prestara" tienes garantizada la bronca con el policía de turno, que incluso se permite (en mi caso) expresiones tipo "el abogado aquí es un convidado de piedra que no puede decir nada" y si le dices "pues el convidado no firma si no se le informa bien al detenido" la tensión sube enteros. De lo que os informo porque me parece una práctica que debemos conocer y según mi opinión, no consentir porque es una extralimitación y un abuso.

Pasos para obtener la tarjeta sanitaria

Como me imagino que ya sabréis, con fecha 4 de agosto se publicó en el BOE el RD 1192/2012, de 3 de agosto por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, el cual posibilita por fin a los abogados mutualistas la obtención de tarjeta sanitaria, siempre que no superen los 100.000 euros de ingresos anuales.

Anteproyecto de reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita

Aquí os dejo los convenientes enlaces en la página de la Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio (CEAT) al Borrador del Anteproyecto de reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, así como la Propuesta de modificación que a la misma ha realizado el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.

Se admiten sugerencias, críticas, etc....

Los recortes ahogan a los abogados de los que menos tienen

Adjunto os dejo el enlace a la noticia de TVE, en la que se denuncia que el Estado de Derecho se nos va por desagüe y todos estamos mirando.

En tiempos de crisis… más, y peor, Derecho penal

Con el citado título, no puedo resistirme a colgaros el enlace a igual artículo del Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, Juan M. Terradillos Basoco.

En mi opinión dicho artículo refleja claramente la falta de política criminal, (o la política criminal también escondida, como tantas otras cosas) de este vuestro gobierno, que no el mío. Habrá que estar vigilantes, también en este tema, porque el Ex-Alcalde de Madrid, se está destapando como un auténtico aprendiz de sátrapa totalitario, como ya auguró su difunto padre (q.e.p.d.).

¿Y nuestra sanidad pública?

Os copio una iniciativa de Asociación Profesional de Abogados Demócratas (APAD) que me parece muy interesante:

Pese a que desde hace casi 15 años el Sistema Nacional de Salud se financia no con cargo a cotizaciones sociales a la Seguridad Social, sino vía tributos, los autónomos que optamos por Mutualidades profesionales como alternativa al RETA de la Seguridad Social no tenemos acceso a la sanidad pública, ni nuestros hijos que así son excluidos de la condición de beneficiarios.

Curso de mediación organizado por ABINCA

En el anterior post analizamos el nuevo real decreto ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Parece evidente que dicha normativa tendrá una gran trascendencia en el ejercicio futuro de nuestra profesión, máxime si se confirma la reforma al alza de las tasas judiciales que pretende aprobar el Gobierno y que convertirá prácticamente en un "lujo asiático" para los ciudadanos de a pie el acceso a la jurisdicción, lo que seguramente "obligará" a muchos a tener que "tragar" con los métodos alternativos de resolución de conflictos a los que pretenden llevarnos por las buenas o por las malas. Y lógicamente, en el desarrollo y ejecución de dichos métodos alternativos deberemos estar situados los abogados en primera línea por conocimiento del medio, tradición y experiencia en el asesoramiento, la negociación y el trato diario con todos los intervinientes en el mundo de la justicia: justiciables, jueces, secretarios, fiscales, etc.

Nueva ley de mediación estatal

Ayer se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Con dicho texto legal, el Estado español incorpora a su ordenamiento jurídico interno por la vía de urgencia y sin tramitación parlamentaria la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, evitando así el riesgo de ser sancionado por las instituciones europeas ya que el plazo para dicha transposición finalizó el pasado 21 de mayo de 2011.

El auténtico progresismo

Al hilo de la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra el juez Garzón y de las reacciones contra la misma, algunas furibundas, provenientes de un sector de ciudadanos autodenominados "progresistas" (algunos, incluso, presuntos juristas), se me ocurren varias reflexiones: ¿El fin justifica los medios como dijo Maquiavelo? ¿Es razonable vulnerar indiscriminadamente la confidencialidad en la relación abogado-cliente y el derecho de defensa (derecho humano fundamental, no lo olvidemos) en pro de una pretendida "efectividad" en la persecución de determinados delitos? ¿Cómo debería calificarse dicha postura ideológica: como "progresista" o más bien como "retrógrada"?

¿Y los abogados qué?

Una vez más a los defensores de los derechos de todos, nos dan zarpazos por todos los lados; ahora son los notarios, pobrecitos mios, los que como no tienen negocio, se va a poner a divorciar, a casar y a no se cuantas cosas mas que para que la profesión no fenezca (la de notario se entiende) este ministro y otros que estan por llegar graciosamente les va a otorgar. Hasta hace poco solo nos comian la tostada los diplomados en relaciones laborales que asistian a juicio, en una labor tipicamente de abogado, hace no mucho tambien se les dio competencia para los recursos, supongo que no faltar mucho que dado que sus estudios tiene la misma graudación que los de abogados ( ahora todo son grados con el plan bolonia), pretendran entrar en temas mercantiles o que se yo. Por otro lado estan, metiendonos con calzador los temas de mediación, eso si no para que los letrados la hagan, no, no, sino para que la hagan psicologos, medicos, pedagogos, licencias en arte, enfermeros, etc etc; que conste y vaya por delante que no me opongo ni a la mediación ni a la descongestion de los juzgados, solo que no acabo de entender porque todo el mundo puede entrar en temas legales, y nosotros no podemos entrar, por ejemplo en eneste de las bodas, puesto que si de un contato se trata mejor que nosostros pocos.